La Sociedad de Activos Especiales (SAE) suspendió el proceso de administración que venía siendo adelantado por la firma Sarta y Aragón en los almacenes de Tierra Santa.

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Al parecer, la medida fue adoptada tras denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en el manejo de la compañía.

Los trabajadores y extrabajadores, agremiados al sindicato Unicentra, expresaron su respaldo a la decisión, al tiempo que exigieron al nuevo gerente o depositario -una vez sea escogido- mejorar las condiciones laborales dentro de la empresa.

“Solicitamos a la entidad, así como al nuevo gerente administrador, que se adelante un diagnóstico integral de la situación financiera, administrativa y operativa de los almacenes debido a los malos manejos de la anterior administración”, expuso el sindicato.

La organización sindical expuso que este proceso se debe enmarcar en una evaluación de desempeño de dicha administración, teniendo en cuenta que “se han registrado un sinnúmero de irregularidades tales como despidos injustificados e incumplimientos en obligaciones laborales, entre otras”.

Se indicó que estarán vigilantes para que el nuevo administrador cumpla con los principios de “transparencia” y “eficiencia” en la gestión.

“Pedimos que haya garantías de respeto a todas las garantías laborales y que se implementen las mejores prácticas en la administración del negocio. Es necesario que se dé urgente cumplimiento de la normatividad laboral colombiana y los principios constitucionales que garantizan condiciones justas y equitativas para todos los colaboradores”, aseguró Kelly Ceballos, presidenta de Unicentra.

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En esa medida, solicitó a SAE que se adopten las medidas contractuales y legales que correspondan contra la firma Sarta y Aragón. Señaló que dicha firma “puso en riesgo la estabilidad operativa de los almacenes y los derechos de los trabajadores”.

La dirigente manifestó que se continuarán los diálogos con la SAE y otras instancias de control para garantizar que la nueva administración de Tierra Santa represente una “mejora real en las condiciones laborales y operativas de la empresa”.

Destacó por otro lado que fue presentado ante el Ministerio de Trabajo Territorial Atlántico un pliego de peticiones debido a la “persecución sindical, discriminación y desconocimiento a nuestros derechos colectivos”.

Se trata de 23 puntos que buscan -según afirmó- mejorar las condiciones laborales en el proceso de transición que se adelanta ante la decisión de la SAE de realizar un cambio en la administración de los almacenes.

Entre las peticiones se encuentra la reducción de la jornada laboral; mejoramiento de las condiciones de trabajo, en especial, baños, aire acondicionado e iluminación; establecer lineamientos para las horas extras y trabajo dominical, entre otros.

Asimismo, se solicitó el reconocimiento de vacaciones, cesantías y otros conceptos adeudados, según dijo, a extrabajadores, así como la realización de inventarios semestrales de cada uno de los almacenes con apoyo de los entes de control.

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